UN RETROCESO CATASTRÓFICO

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad principal es la de mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

La Agenda cuenta con 17 Objetivos, que van desde la erradicación de la pobreza y el hambre, hasta la paz y la justicia; pasando por la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, así hasta 17. No obstante hoy me detendré sólo en uno de ellos, concretamente el número 11 cuyo objetivo es  el de ciudades y comunidades sostenibles, ya que la mitad de la humanidad se concentra en ciudades, y seguirá creciendo en los próximos años, sin embargo las urbes ocupan solamente el 3% de la superficie terrestre. 

En las ciudades el consumo de energía representa entre el 60 y el 80% del total,  y las emisiones de carbono llegan al 75%, lo que hace de ellas un foco importante de contaminación, por las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye de forma importante a deteriorar la salud de sus habitantes.

Madrid lleva al menos 10 años sobrepasando los límites legales de dióxido de nitrógeno, que indica la legislación europea, y con buen criterio el Ayuntamiento elaboró un proyecto cuya finalidad era la reducción de los índices de contaminación atmosférica, principalmente con la reducción de vehículos en la zona centro, dando prioridad al transporte público. Una zona más habitable, donde los ciudadanos puedan pasear en un ambiente más saludable y donde otros medios de comunicación, como la bicicleta tengan mayor espacio.

Las ciudades que debieran estar concebidas para el bienestar de las personas, en muchas ocasiones se proyectan para que puedan circular muchos coches, circulen con cierta rapidez y haya pocos atascos. Cuando se hace un proyecto con coherencia se rechaza porque lo han hecho otros y en lugar de procurar su mejora, si es posible, se elimina.

En Madrid la suspensión de facto, al suspender el sistema de multas a partir del 1 de julio, supone un claro retroceso, en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la pretensión de hacer una ciudad más saludable. Aunque esta decisión pueda suponer, incluso, importantes multas de la Comisión Europea

No hay  ninguna justificación para esa decisión, porque tampoco ha disminuido la actividad comercial, como se pretende hacer creer, sino todo lo contrario, se ha incrementado, haciendo de la Gran Vía de Madrid una de las calles más transitadas de  Europa.

El problema, en el fondo, viene del auge de los negacionistas del cambio climático, entre ellos Donald Trump, que a base de tergiversar los hechos científicos y sacar conclusiones que rozan el esperpento, están causando un daño irreparable, por su influencia en dirigentes con gran número de dioptrías, en su miopía política, como es el caso del nuevo alcalde de Madrid.

La actividad económica, en los últimos 50 años, se ha desarrollado sin una planificación ordenada, el único objetivo era “pegar un buen pelotazo” y a la frase de “vive el momento”, se le añadía el apellido de “los que vengan atrás que arreen”, sin preocuparse realmente por los daños medioambientales que esa actitud está causando, y va a causar, en las generaciones futuras. En el fondo el rechazo a las medidas que procuran frenar el calentamiento global, se debe a la idea que estas medidas mermarán sus beneficios a corto plazo, y por tanto, el mayor rendimiento económico se obtiene con una actividad económica desenfrenada y sin control.

Estamos ante un retroceso catastrófico, al que es necesario poner freno, si no queremos lamentarlo.

La razón de las bases

La democracia participativa va avanzando cada día en nuestra sociedad, incluso ya tiene un amplio grado de complementariedad con la representativa, especialmente por la interacción telemática. También en los partidos políticos la militancia quiere ser partícipe de las decisiones de los dirigentes y gobernantes de su partido. Las bases están decididas a tener más protagonismo cada día, de hecho, suele coincidir que el desafecto de la afiliación va acentuándose cuando no es tenida en cuenta, o cuando se toman decisiones que se saben de antemano contrarias a la opinión mayoritaria.

El PSOE ha obtenido la victoria en las elecciones generales con una amplia mayoría, pero tendrá que buscar apoyos tanto para la investidura, como para la aprobación de las leyes. Visto desde fuera podría parecer que un pacto con Ciudadanos sería lo más coherente: un partido de centro, entre ambos tendrían una amplia mayoría absoluta que daría bastante estabilidad, estos pactos están bien vistos en la Unión Europea y  sintonizarían un gran número de votantes que se encuentran en la zona templada del espectro político.

Pero no es esa la postura de los militantes del PSOE, y lo dejaron bien claro a las pocas horas de conocerse los resultados. El lema más coreado esa noche fue “con Rivera no”. Pedro Sánchez dijo que se daba por enterado, y tendrá que intentar no defraudar a la militancia.

Es evidente que la razón de las bases no se corresponde en muchos casos con la razón de los dirigentes y eso lo sabe, más que nadie, Pedro Sánchez, ya que fueron ellos los que le auparon de nuevo a la Secretaría General, frente a todo el aparato del partido. El no a Rivera es muy comprensible después de basar toda su campaña en falsedades y descalificaciones hacia Pedro Sánchez, tanto en los debates como en toda la campaña electoral, especialmente en el tema de Cataluña. Y si hay un veredicto claro en el resultado electoral, es que la actuación en el tema del separatismo está siendo acertada, así lo ratificó el crecimiento de votantes del PSOE en Cataluña, que pasaron de algo más de quinientos mil en las elecciones de 2016, a cerca de un millón en éstas, pasando a ser la segunda fuerza política a un punto de la primera.

Seguramente uno de los problemas del PP ha sido precisamente quitar la razón a las bases del partido, que habían decidido que Soraya Sáenz de Santamaría fuera su presidenta, frente al aparato del partido que decidió que fuera Pablo Casado. Se podrá decir que fueron los compromisarios quienes lo eligieron, pero ya sabemos que los compromisarios y los delegados los eligen mayoritariamente los aparatos de los partidos y votan según el criterio de los barones territoriales.

Los partidos de masas fueron un importante avance político, frente a los partidos de cuadros; pero en muchas ocasiones los dirigentes se sienten más cómodos cuanta menos militancia haya, para ejercer el control sobre ella, muchos cargos deben su sueldo al puesto designado por el aparato del partido, ya que nunca tuvieron otro trabajo, por lo que su criterio está condicionado por el mantenimiento de su sueldo.

Pero es evidente que no se pueden poner puertas al campo, los militantes quieren tener representantes que escuchen sus opiniones y sobre todo sentirse partícipes de las decisiones del partido al que pertenecen, por tanto no escuchar a la militancia, en momentos decisivos, supone en la práctica prescindir de ellos por la vía de los hechos. El PSOE es el partido más antiguo de España, incluso me atrevería a decir que el más democrático, especialmente desde el 39 Congreso, al incluir en sus estatutos un apartado  que determina que “será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político”

Nuestra sociedad avanza hacia las decisiones colectivas, en todos los ámbitos, desde la empresa hasta el asociacionismo, por lo que se hace inevitable que también en los partidos se limite el individualismo, y se vaya  caminando hacia decisiones compartidas, especialmente ahora que se pueden aprovechar las facilidades que dan las Tecnologías de la Información y Comunicación. La militancia no quiere limitarse a ser mano de obra gratis y contribuyentes con sus cuotas, sino a que sus opiniones formen parte del debate y la discusión, lo que supondrá la legitimación de las decisiones finales.

EL RIESGO DE LAS DERECHAS

Cuando un gobierno tiene que someterse al voto de la ciudadanía debe desatacar lo que haya sido seña de identidad de su gestión, y la que ha caracterizado, estos meses al gobierno del PSOE, son fundamentalmente las medidas en políticas sociales,  y entre las más importantes podemos destacar la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la eliminación del copago farmacéutico a familias con renta baja y la recuperación de la prestación por desempleo a mayores de 52 años. Pero siete meses de gobierno son un suspiro, y precisamente porque han tenido que gobernar a toda prisa, han quedado muchas cuestiones en el tintero, por lo que sería necesario un gobierno que siga desarrollando políticas de igualdad, de bienestar y otras pendientes, especialmente en el terreno del empleo, como la derogación de la reforma laboral.

El PP ha demostrado durante su gobierno que, ni la justicia social, ni la justicia distributiva, son su prioridad, sino la disminución del estado  con las privatizaciones, la reducción del gasto público y los recortes de los servicios públicos, y si esta fue su política cuando eran claramente el partido mayoritario de la derecha, con más motivo ahora, con gran competencia entre las tres derechas. Sus incongruencias llegan hasta el punto de plantearse revertir la subida del SMI.

Para las derechas las diferencias sociales son algo natural y hay que aceptarlo, el estado debe intervenir lo mínimo, y en todo caso no se debe intervenir cuando el crecimiento económico está yendo a parar a los grandes capitales, sin embargo sí puede ser necesario alguna intervención, incluso inyectar dinero, cuando las entidades financieras o grandes empresas tienen dificultades económicas. Y es evidente que Ciudadanos es parte de las derechas, no sólo porque comparte muchos de sus discursos, sino porque está compitiendo por el mismo electorado que Vox y PP.

Sí, en políticas sociales se ha hecho una gran labor, con una ministra, como Magdalena Valerio, que además de tener claro lo que quería conseguir, también ha sido consciente de lo que se necesita, pero que en este momento no se puede lograr, siempre con un discurso claro y cercano. No obstante es necesario destacar la ejecución de otros aspectos, tal vez menos conocidos, pero muy importantes, me refiero a que en estos meses se han transpuesto más de 30 directivas comunitarias, en muchos casos de gran transcendencia, que además han evitado cuantiosas sanciones para España, de la Comisión Europea, ya que se habían abierto varios procedimientos sancionadores por el retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español, determinadas directivas de la Unión Europea.

Entre las directivas comunitarias transpuestas destacan las relativas a garantizar y proteger los compromisos con las pensiones;   la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, también la relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.

Ha sido, por tanto, un gobierno cuya labor principal ha sido revertir los recortes, garantizar derechos, evitar sanciones y trabajar en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, no se puede pedir más en tan poco tiempo. Pero estos avances no solo podrían paralizarse, sino sufrir un importante retroceso con un gobierno con los objetivos puestos en desarrollar políticas de mayor enfrentamiento con Cataluña, reducir impuestos a los más poderosos, premiando a las rentas del capital frente a las del trabajo, procurando el control judicial o defendiendo la venta de armas. No es momento de experimentos de freno y marcha atrás, sino de continuar con el trabajo emprendido y desarrollar aquellos aspectos que han quedado en el tintero, bien por falta de apoyos o por falta de tiempo.

EL RECHAZO A LOS PRESUPUESTOS, UN CASTIGO A LA JUVENTUD

La mayoría de la sociedad sabe que los presupuestos, que han sido rechazados, eran buenos para el país, y no ha sido precisamente su contenido, el motivo del voto en contra de la mayoría de los partidos que lo han hecho. Los presupuestos tenían un gran carácter social, dando prioridad a los colectivos más desfavorecidos, y apostando por una justa distribución de la riqueza. Pero si hay un colectivo que ha salido perjudicado en este rechazo, por encima de los demás, ha sido sin duda el de los jóvenes, bien es verdad que algunas de las medidas ya aprobadas y que se podrán aplicar, beneficiarán mayoritariamente a la juventud, como es la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900€.

Uno de los problemas más importantes en España es la dificultad de emanciparse por el encarecimiento de la vivienda, y en este presupuesto se incorporaba una dotación de 137 millones para un parque público de alquiler de 20.000 viviendas, a precios asequibles.

            Eran muchas las partidas destinadas a mejorar la inserción laboral de la juventud, concretamente, durante el presente año estaban presupuestados 670 millones de euros para el Plan de choche por el empleo joven, un plan que en el período 2019 – 2021 tendría una dotación presupuestaria de 2.000 millones de euros, sin duda necesario para reducir el desempleo juvenil.

            Otra medida importante era la dotación de las becas, incrementado en un 10% el presupuesto, con respecto al año anterior, hasta los 1620 millones de euros. Además se habilitaba a las comunidades autónomas para reducir las tasas universitarias.

            Pero además estas medidas concretas, claramente destinadas a los jóvenes, el presupuesto planteaba como objetivo, ir avanzando hacia el cambio de modelo productivo, para ello el presupuesto en educación,  investigación e innovación estaba dotado de incremento muy importante, y lógicamente un peso significativo, en estas partidas, lo tendrían los nuevos científicos y sobre todo las jóvenes científicas, que deben ser las verdaderas protagonistas de este cambio. 

            También en política deportiva este presupuesto hacía un esfuerzo significativo, con una partida de 204 millones de euros, la mayor de la historia.

            Estábamos ante un presupuesto muy social, pero especialmente encaminado al desarrollo de políticas de juventud, con el objetivo de que los jóvenes alcancen su plena inserción social e independencia económica, es decir, intenta dar respuesta a las necesidades más prioritarias de las personas jóvenes. Pero en contraposición, es la juventud la que debe llevar al país a un mayor desarrollo y crecimiento económico, se ha dicho por activa y por pasiva que estamos ante la generación mejor preparada, donde las tecnologías de la información y la comunicación son su herramienta diaria, y que no tienen ningún problema para adaptarse con facilidad a los cambios continuos que se producen.  Por ello este presupuesto contaba con ellos, sabiendo que la inversión en políticas de juventud tendría rentabilidad para la sociedad, a corto y medio plazo.

            No ha sido posible aprobar el presupuesto, pero es necesario aplicar las políticas planteadas, pensando en un país moderno y avanzado. Sería bueno que este período,  hasta su aprobación definitiva, no fuera nada más que un paréntesis, para desarrollar más adelante todos los proyectos que se han quedado congelados.

            Si en algunos momentos se podría justificar el desencanto de los jóvenes hacia la política,  hoy no es posible hacerlo, estamos en un tiempo donde hay que decidir entre avanzar en políticas sociales, de igualdad, de investigación y ciencia, de empleo y especialmente en políticas de juventud o retroceder unas cuantas décadas.    

FORMACIÓN PROFESIONAL: LA NECESIDAD DE POLÍTICAS DE IGUALDAD

Hace unos días, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, publicaba la estadística del curso 2016/2017 sobre el alumnado matriculado en Formación Profesional reglada, detallando características y resultados académicos de los cerca de 800.000 alumnos y alumnas que lo cursan, en alguna de las tres modalidades: F.P. Básica, Grado Medio o Grado Superior. Unos datos que reflejan un ligero incremento de alumnado en los últimos años, especialmente en el Grado Superior.

En el informe se hace un pequeño análisis, y se apuntan algunas distorsiones que habría que subsanar, pero no se hacen propuestas para corregirlas. Seguramente la necesidad de implantar medidas, a favor de la igualdad es lo más urgente y necesario, ya que el alumnado de Formación Profesional se decanta por una u otra familia profesional en función de si la profesión concreta ha sido tradicionalmente desempeñada por mujeres o por hombres. Así, las familias relacionadas con Textil, Confección y Piel, y el sector servicios (Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Imagen Personal, Sanidad) son, casi exclusivamente, cursadas por mujeres; mientras las Familias profesionales relacionadas con la industria, son de abrumadora mayoría masculina: Electricidad-Electrónica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, y Fabricación Mecánica. Es algo que se repite año tras año, podríamos irnos varios cursos atrás y comprobaremos que prácticamente no hay variaciones en la estadística. Siendo ésto muy preocupante, no lo es menos que los ciclos formativos de familias profesionales más innovadoras, como informática y comunicaciones, también estén copadas en el 90% por hombres. 

La F.P. es clave en la transformación de la sociedad actual y de futuro, y la mujer no puede quedar al margen de la participación en el desarrollo industrial y tecnológico, es por lo que se hace necesario implantar políticas de igualdad. El diagnóstico en todos los informes que acompañan la estadística, año tras año, es el mismo (en ramas industriales, más del 90% del alumnado son hombres), pero las medidas propuestas, para equilibrarlo, ninguna. 

La Formación Profesional, especialmente la de Grado Superior, es una enseñanza cuyo prestigio entre las empresas, a las que acude obligatoriamente el alumnado, para realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (durante 3 meses, como parte de su formación académica), es muy elevado, de hecho, muchas empresas terminan contratando al alumno o alumna que ha realizado allí sus prácticas educativas. Incluso es de esperar que la nueva Formación Profesional Dual, que se está implantando, mejore la relación entre centro educativo y centro de trabajo, mejorando la inserción profesional, que ya es buena. 

La F.P es la enseñanza que puede y debe transformar el sistema productivo de nuestro país. Aunque la realidad es que en los últimos años, esta etapa educativa, ha estado olvidada, incluso aislada, al no adaptar las titulaciones de F.P. en España, al Marco Europeo de las Cualificaciones, como han hecho la mayoría de los países de la U.E., lo que dificulta la movilidad de los estudiantes. El desconocimiento ciudadano, de estas enseñanzas, hace que se difunda una imagen deteriorada de la realidad, y se considere una enseñanza de segundo nivel; percepción errónea. Lo cierto es que este alumnado es el que debe dar respuesta al necesario incremento productivo de nuestra sociedad, incluso se estima que en el 2020 la mitad de los puestos de trabajo que se creen en la Unión Europea serán ofertados para el alumnado de Formación Profesional. 

El Ministerio de Educación, por primera vez, incorpora en su nombre el de Formación Profesional, lo que crea confianza sobre la especial atención que se pretende dar a estas enseñanzas, y la perspectiva es aún mayor, en el tema que nos ocupa, por la especial sensibilidad que el Consejo de Ministros tiene sobre las políticas de igualdad. 

Es un tema que no se puede corregir de la noche a la mañana, pero hay que empezar a tomar medidas para incorporar a la mujer a la industria, y lo primero debe ser adaptar los talleres profesionales de los centros educativos, para chicos y chicas, empezando tanto por los aseos, como por los vestuarios. Es necesario además, informar e impartir formación específica en la ESO, sobre las profesiones relacionadas con la industria y el trabajo que en ellas se realiza, habría que valorar la implantación de una asignatura de iniciación profesional en secundaria, incrementar las campañas publicitarias donde se visualice a la mujer desempeñando trabajos en profesiones industriales, y fomentar cuantas medidas favorezcan su incorporación a los sectores industriales. Cierto es que también ayudaría, si el profesorado que imparte las asignaturas prácticas, en los talleres, hoy mayoritariamente hombres, fuera también paritario. 

Es imprescindible que la sociedad se acostumbre a ver chicas realizando instalaciones eléctricas, montando redes telemáticas, encargadas de talleres de automoción, manejando máquinas de control numérico o elaborando páginas web. El camino, ni es corto, ni es fácil, pero es absolutamente necesario.

PRESUPUESTOS: PENSAR EN EDUCACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN O PENSAR EN ELECCIONES

Los presupuestos son un momento decisivo, para determinar, cada año, los apoyos que tiene el partido gobernante, incluso antes de que se presente el proyecto de presupuestos ya hay posicionamientos en contra. No es el análisis presupuestario lo que determina el voto, sino el rédito electoral que se consigue con la decisión de votar a favor o en contra.

En esta ocasión el Gobierno presenta un presupuesto expansivo, después de muchos años de recortes, un presupuesto verdaderamente inversor, y no exclusivamente en infraestructuras, que suben casi el 40%, también tiene una importante inversión en conocimiento, que es lo más valioso que puede tener un país. Si queremos un país próspero y no quedarnos fuera del progreso, las políticas de investigación, desarrollo e innovación deben tener un peso importante, para planificar de forma adecuada el futuro del país, a medio y largo plazo. El objetivo debe ser transformar la sociedad del ladrillo, en sociedad del conocimiento.

Es éste, un presupuesto en el que se produce un incremento del 8% en ciencia e innovación, un aumento del 21% en personal investigador, y una destacada subida en el capítulo de educación del 5,9%. Aun así, podría haber sido más expansivo, si no hubiera obligado, el veto del senado, a reducir el objetivo de déficit, del 1,8% al 1,3%; teniendo que reducir más de 6.000 millones de euros.

Acertaba Pedro Sánchez, cuando hace unos días, decía en Canarias, que quien no apoye los presupuestos, estará renunciando a mejoras en la calidad de vida de las personas, porque además del crecimiento en políticas educativas y de investigación, estos presupuestos presentan un gasto social del 57,3%, con relación al total del presupuesto, el mayor desde el año 2009. Con un incremento en dependencia del 59%.

Pero cuando los grupos parlamentarios tienen que tomar la decisión de votar a favor o en contra ¿están pensando verdaderamente en el bienestar de las personas, o piensan en forzar la convocatoria de elecciones?, la contestación no es difícil, en el caso de algunos partidos, como Ciudadanos y el PP, su único objetivo es que se convoquen elecciones cuanto antes, no les preocupa que estos presupuestos mejoren la calidad de vida de las personas, les preocupa que si se alarga la legislatura, les pueda ir peor electoralmente. Es poner delante de los intereses del país, los de su propio partido, esa es su prioridad, conseguir el poder a cualquier precio. 

Es cierto que el incremento de gasto, conlleva una subida de impuestos, pero son las grandes empresas y grandes fortunas las que soportarán en mayor medida este incremento, concretamente las empresas cuya cifra de negocios sea superior a 20 millones de euros, tendrán una tributación mínima del 15%, independiente de las bonificaciones que se puedan aplicar. A las fortunas superiores a 10 millones de euros se les incrementa un 1% en el Impuesto de Patrimonio. Las rentas mayores de 130.000 euros anuales tendrán una subida del IRPF, concretamente un incremento del marginal del 2% (del 45 al 47%) y para los que ganen más de 300.000 €, un 4% de incremento marginal, llegando al 49%. Además se crea un impuesto nuevo a las transacciones financieras, cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Es decir pagarán más quienes tienen más.

El único coste que tendrá para los bolsillos de la mayoría este presupuesto, será la subida del diésel, un incremento que excluye a los transportistas y agricultores; aun así, un incremento en el precio del gasoil de 20 céntimos por cada 100 km. recorridos, no es un coste excesivo, para unos presupuestos que además de tener un gran carácter social, marcan la tendencia hacia un país que apuesta por la investigación y el conocimiento. 

El verdadero crecimiento y desarrollo de la sociedad sólo se puede llevar a cabo con conocimiento, los países más avanzados son los que tienen un PIB en educación más elevado y normalmente coincide con los que invierten más en investigación, porque un país que tiene que importar conocimiento, genera un déficit mucho mayor que el económico.

EDUCACIÓN: UNA NUEVA LEY, SIN ÁNIMO DE MOLESTAR

https://www.nuevatribuna.es/opinion/jeronimo-martin-bernardo

La nueva Ley Orgánica Educativa, que la ministra Celáa está intentando conformar, será la octava que se apruebe durante el período democrático; no obstante, sólo se ha aprobado una Ley, que ha modificado sustancialmente la estructura del sistema educativo, ha sido la LOGSE en 1990, si bien es verdad que la LOE en 2006 deroga las anteriores e introduce algunos cambios estructurales. De las ocho leyes aprobadas, dos no llegaron a ponerse en funcionamiento.

La Ley General de Educación de 1970 era la que regía en el inicio del período democrático, se conocía como Ley Villar Palatsí, que era el nombre del ministro de la dictadura que la había elaborado. Ya en democracia las primeras discrepancias, en materia educativa, se producen durante las discusiones en busca del consenso de la Constitución,  el artículo 27 que regula el Derecho a la Educación, fue uno de los principales escollos, llegando a poner en grave riesgo el consenso constitucional.

La primera incongruencia en materia educativa se produce en junio de 1978, con la presentación  del Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de Centros Educativos (LOECE), una Ley que se presentó antes de que se aprobara la Constitución, para desarrollar un artículo de la propia Constitución. Se aprueba finalmente en 1980, la presentaba UCD y pretendía seguir con el nacional-catolicismo del régimen franquista,  no llegó a aplicarse al ser recurrida al Tribunal Constitucional, que falló en contra de varios artículos, entre otros el de la pretensión de restringir la libertad de cátedra, que permitía, al promotor del centro,  la imposición del ideario al profesorado. En 1985, ya con el gobierno de Felipe González se aprueba la LODE (Ley orgánica del Derecho a la Educación), que viene a democratizar los centros, incorporando la participación de la comunidad educativa en la enseñanza.

La LOGSE en 1990 es la Ley más importante de las aprobadas, ya que modifica la estructura del sistema educativo, produciendo un cambio en las etapas y niveles educativos. Otras leyes posteriores son la LOPEG (Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes), en 1995 y la LOCE (Ley orgánica de la calidad educativa) aprobada en 2002, que no llegó a aplicarse. En 2006 se aprueba la LOE (Ley orgánica de educación), que deroga las anteriores y entre las novedades, la que genera más polémica, es la introducción en el currículum de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, tanto en primaria y como en secundaria, materia que se encargaría de suprimir la LOMCE (más conocida como Ley Wert) en 2013, actualmente en vigor.

Todas las leyes educativas han adolecido de falta de consenso, si bien es cierto que ha sido durante los gobiernos del PSOE cuando más esfuerzo se ha hecho para conseguirlo, incluso Ángel Gabilondo había cerrado un Pacto Educativo en 2010, que se frustró únicamente por los intereses partidistas del PP y la cercanía de las elecciones. En la historía de la educación en España podríamos decir que el único consenso que se produjo, fue en la conocida como Ley Moyano, en 1857, que fue aceptada tanto por progresistas como por liberales.

Ahora la ministra Celáa nos presenta un nuevo proyecto de ley (todavía anteproyecto), donde la orientación educativa, desde una perspectiva de género, es uno de los aspectos más destacados, la clave es la transversalidad de la coeducación, fundamental en estos momentos. Pero, sin duda, la eliminación de determinados aspectos de la anterior ley es lo que más esperado, concretamente la supresión de los itinerarios segregadores en la ESO, la eliminación de las reválidas y la reducción de la burocratización, al quitar los estándares de aprendizaje. Son aspectos que serán bien recibidos por la comunidad educativa y que no deberían tener ninguna dificultad para su aprobación. Otra medida, coherente, pero que puede generar alguna polémica, es la de dejar la asignatura de religión sin otra materia espejo. Otra característica destacable es el incremento de la participación, dando mayores responsabilidades a la comunidad educativa, en las decisiones de los centros y especialmente en la elección del director o directora, cuyo control lo dejó la LOMCE en manos de la administración educativa.

                Los aspectos más ambiciosos de la Ley tendrán dificultades económicas, si se pretende su implantación con éxito, temas como el refuerzo en Educación Infantil, mejora de atención al alumnado con dificultades, plan de mejora de oportunidades, personalización del aprendizaje, son aspectos importantes, pero en los que se necesita profesorado para apoyos, desdobles, etc. y eso se traduce en mayor presupuesto.

No obstante, es una ley que, no pretende generar rechazo, y supongo que por ello no ha entrado en temas conflictivos, y entre ellos la Formación Profesional de Base, que es uno de los mayores problemas que tienen los Institutos, formación que no está funcionando, fundamentalmente porque está repitiendo esquemas de una enseñanza que este alumnado rechaza,  además es fuente de cabreo entre el profesorado, ya que es un alumnado difícil que titula con unos contenidos curriculares muy por debajo del alumnado que finaliza 4º de ESO, y consecuentemente sin base para poder afrontar con éxito el bachillerato; bien es verdad que no suelen matricularse en esta etapa educativa, pero por ello, su titulación debiera ser equivalente, solo a efectos laborales, con la de 4º de ESO, no a efectos académicos. Es un alumnado cuya salida natural son los Ciclos de F.P. de Grado Medio, y por tanto su título debería dar acceso a esta etapa educativa.

En realidad en Formación Profesional la Ley presenta pocas novedades, y tal vez, aunque no a través de leyes,  una de las tareas más necesarias del Ministerio, es la de acercar la dicotomía actual entre la Formación Profesional y el mundo laboral.  Y eso pasa por mayor y mejor dotación y equipamiento tecnológico puntero para los ciclos de F.P.

Por otro lado me parece muy positivo el trabajo que se está haciendo, entre los Ministerios de Empleo y Educación, con el fin de coordinar las políticas de Formación Profesional para el empleo y reglada.  Es una demanda histórica, que nunca se ha tratado con la profundidad que el tema merece.

Es una Ley que mejora sustancialmente la que está en vigor y que puede servir de puente para un Pacto Educativo, imposible en estos momentos, pero que es una demanda no sólo de la comunidad educativa, sino de toda la sociedad.