Cuando un gobierno tiene que someterse al
voto de la ciudadanía debe desatacar lo que haya sido seña de identidad de su
gestión, y la que ha caracterizado, estos meses al gobierno del PSOE, son
fundamentalmente las medidas en políticas sociales, y entre las más importantes podemos destacar la
subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones,
la eliminación del copago farmacéutico a familias con renta baja y la
recuperación de la prestación por desempleo a mayores de 52 años. Pero siete
meses de gobierno son un suspiro, y precisamente porque han tenido que gobernar
a toda prisa, han quedado muchas cuestiones en el tintero, por lo que sería
necesario un gobierno que siga desarrollando políticas de igualdad, de
bienestar y otras pendientes, especialmente en el terreno del empleo, como la
derogación de la reforma laboral.
El PP ha demostrado durante su gobierno que,
ni la justicia social, ni la justicia distributiva, son su prioridad, sino la disminución
del estado con las privatizaciones, la reducción del gasto público y los recortes de los
servicios públicos, y si esta fue su política cuando eran claramente el partido
mayoritario de la derecha, con más motivo ahora, con gran competencia entre las
tres derechas. Sus incongruencias llegan hasta el punto de plantearse revertir
la subida del SMI.
Para las derechas las diferencias sociales
son algo natural y hay que aceptarlo, el estado debe intervenir lo mínimo, y en todo caso no se debe intervenir cuando el crecimiento económico está yendo a parar a los
grandes capitales, sin embargo sí puede ser necesario alguna intervención,
incluso inyectar dinero, cuando las entidades financieras o grandes empresas
tienen dificultades económicas. Y es evidente que
Ciudadanos es parte de las derechas, no sólo porque comparte muchos de sus discursos,
sino porque está compitiendo por el mismo electorado que Vox y PP.
Sí, en
políticas sociales se ha hecho una gran labor, con una ministra, como Magdalena
Valerio, que además de tener claro lo que quería conseguir, también ha sido
consciente de lo que se necesita, pero que en este momento no se puede lograr,
siempre con un discurso claro y cercano. No obstante es necesario destacar la
ejecución de otros aspectos, tal vez menos conocidos, pero muy importantes, me
refiero a que en estos meses se han transpuesto más de 30 directivas
comunitarias, en muchos casos de gran transcendencia, que además han evitado
cuantiosas sanciones para España, de la Comisión Europea, ya que se habían
abierto varios procedimientos sancionadores por el retraso en la incorporación
al ordenamiento jurídico español, determinadas directivas de la Unión Europea.
Entre las
directivas comunitarias transpuestas destacan las relativas a garantizar y
proteger los compromisos con las pensiones;
la prevención de la utilización
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, también la relativa a los requisitos de entrada y residencia de los
nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas,
voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y
colocación au pair.
Ha sido, por
tanto, un gobierno cuya labor principal ha sido revertir los recortes,
garantizar derechos, evitar sanciones y trabajar en favor de la igualdad entre
hombres y mujeres, no se puede pedir más en tan poco tiempo. Pero estos avances
no solo podrían paralizarse, sino sufrir un importante retroceso con un
gobierno con los objetivos puestos en desarrollar políticas de mayor
enfrentamiento con Cataluña, reducir impuestos a los más poderosos, premiando a
las rentas del capital frente a las del trabajo, procurando el control judicial
o defendiendo la venta de armas. No es momento de experimentos de freno y
marcha atrás, sino de continuar con el trabajo emprendido y desarrollar
aquellos aspectos que han quedado en el tintero, bien por falta de apoyos o por
falta de tiempo.
