Una vez aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo proyecto de ley de educación (LOMLOE) comenzará a debatirse en próximas fechas en las Cortes para su aprobación como Ley Orgánica. Su principal característica es la intención de recuperar lo perdido con la LOMCE, aunque es cierto que el proyecto no presenta avances muy significativos.
Si tuviéramos que considerar esta Ley como una norma perdurable estaríamos cometiendo un error, no estamos ante una reforma en profundidad como está necesitando el sistema educativo, la nueva ley está limitada especialmente por la escasa aportación del PIB a la educación, cierto es que el proyecto propone blindar un suelo de inversión educativa al 5% en el año 2025, una buena medida, aunque tal vez sea un plazo demasiado largo.
Hay aspectos que era inexcusable reformar y la ley los aborda con buen criterio. El primero de ellos la supresión de los itinerarios de la ESO, que suponía de hecho una segregación entre el alumnado según su capacidad, “buenos y malos”.
Era necesario también volver a la asignatura de religión sin otra asignatura espejo, manteniendo la materia de educación en valores cívicos para todo el alumnado, cursen o no religión. Aunque lo coherente sería que la religión se enseñara en las iglesias, mezquitas, sinagogas y demás centros de culto, pero que saliera definitivamente de las escuelas.
El Consejo escolar debe ser realmente un órgano de gobierno y control como establece el proyecto, hay que considerar que la participación de la comunidad educativa actualmente es muy escasa, incluso en muchos centros no hay candidaturas para la elección de miembros del consejo escolar, especialmente de las familias, precisamente porque no se considera que sea un órgano ejecutivo con verdadera capacidad de gobierno y control, es por tanto una importante propuesta a la que habrá que dar forma.
Otra de los aciertos de esta Ley tiene que ver sobre la enseñanza concertada, concretamente la LOMCE abría la posibilidad a que se pudiera implantar un centro educativo concertado y en la misma zona cerrar un colegio público, con la excusa de la demanda social, era necesario eliminar ese desatino.
La ley tiene como uno de sus objetivos el apoyo a los centros que escolariza alumnado con necesidades educativas y considera, con buen criterio, que el contexto socioeconómico debe servir de referencia para la atención a los centros. El problema surge cuando la Inspección, a la hora de dotar de profesorado a los centros, utiliza una hoja de cálculo y divide el número de horas a impartir en los grupos del centro entre las horas lectivas del profesorado, asignando el cupo de profesores, sin ningún otro criterio que las matemáticas. Los centros públicos tienen que hacer encaje de bolillos para ajustar el cupo de profesorado entre las necesidades. Hasta ahora (y veo difícil que cambie) los recursos no han estado en función del contexto socioeconómico de los centros, ni de otros equilibrios en favor de la calidad educativa, sino del control del gasto. En las comunidades autónomas, la Consejería de Hacienda suele tener mucha capacidad de mando.
En formación profesional también hay algunas propuestas positivas, como la creación de una red de centros para la transferencia de innovación y experiencias o la intención de reforzar la relación entre el ámbito laboral y educativo.
El objetivo de la ley para conseguir una ciudadanía activa, crítica y global, está muy bien como utopía, pero no puede llevarse a cabo únicamente con la asignatura de educación en valores cívicos, debe hacerse en todas las materias, pero con los excesivos contenidos del currículum sinceramente me parece complicado. Por hacer una pequeña comparación con Finlandia, país referente en educación, allí los valores principales son la experimentación, trabajos de creatividad y tareas colaborativas, basadas en el aprendizaje por proyectos. En definitiva se enseña a pensar, aquí tiene más valor la memorización de conocimientos y la individualidad. Se pretende que un alumno o una alumna a los 12 años permanezca sentada en un aula y en silencio, prestando atención a seis materias diferentes, durante seis horas seguidas y un recreo de media hora, escuchando la exposición del tema y realizando tareas individualizadas.
También me parece interesante, aunque poco realista, la renovación de contenidos y títulos de formación profesional, adaptándolos al mundo productivo. Por poner un ejemplo todavía hay ciclos formativos de formación profesional que no se han adaptado a la LOE, siguen regulados por la LOGSE, una ley que se supone derogada hace 14 años.
Y por último lamento que la formación profesional básica solo haya cambiado el nombre por el de ciclo formativo de grado básico. Esta enseñanza, enfocada para el alumnado que ya ha tenido fracaso escolar, no puede reproducir el esquema de la enseñanza tradicional. Sería necesario cambiar la estructura y la metodología, aquí claramente trabajando por proyectos.
Sí, hay muchas medidas que mejoran la ley anterior, lo que supone un avance, pero no por ello debemos entender que va a producir un cambio drástico, es necesario seguir trabajando en un pacto educativo. Como decía al principio, se recupera lo perdido y se avanza, hay que felicitarse por ello, pero unos retoques en positivo de la LOE no pueden ser el objetivo definitivo de esta legislatura.
